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jueves, 22 de julio de 2010

Nueva Ley de Radios Comunitarias: con gusto a poco(s)

Restan 90 días para terminar elaboración de reglamento

Luego de 16 años con la Ley de Mínima Cobertura se aprobó la ley que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana. ¿Avances? ¿Deudas pendientes?, veamos.

Casi dos años y medio tuvieron que pasar para que el proyecto de ley que entrega mejoras económicas, técnicas y jurídicas a las radios comunitarias, finalmente viera la luz. Nunca alejada de la controversia, la legislación fue aprobada entre los aplausos de comunicadores que valoran el logro del nuevo estatuto, y las pifias de aquellos que consideran como insuficiente el nuevo marco legal.

La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH) fue una de las primeras en recibir con los brazos abiertos esta nueva legislación de la cual fueron sus principales promotores. "Hoy las Radios Comunitarias cuentan con su propia ley, insuficientes para algunos, limitadas para otros. Pero para quienes hacemos día a día la Radio Comunitaria nos sentimos satisfechos con el logro obtenido: La nueva Ley trae mejores condiciones jurídicas y técnicas para el desarrollo de nuestras emisoras", expresan con alegría a través de un comunicado en su página web (AQUI).

Dentro de la nueva legislación existen claros beneficios destinados a los radiodifusores comunitarios, que vienen a sincerar lo que en la práctica ocurre. Podemos destacar:

  • El aumento de 1watt de potencia a 25. Mientras que en zonas fronterizas o apartadas, la cobertura podrá llegar a 40watts y pueblos indígenas con 30watts.
  • Se aumentará la altura de la antena transmisora de seis a 18 metros.
  • La renovación de concesión se realizará cada diez años, y no cada tres.
  • Se autoriza a las emisoras comunitarias a hacer menciones comerciales.
  • Se restringen las concesiones a personas jurídicas sin fines de lucro poniendo freno a empresas comerciales y privadas que postulaban a una frecuencia.

Gracias a estas nuevas mejoras, la asociación que reúne a más de 250 radios comunitarias a lo largo de todo el país, considera que se ha dado un paso para comenzar "nuevos tiempos para vivir y asumir los desafíos que demandan las comunicaciones".

Los "peros"

Si bien la ANARCICH reconoce que existen asuntos no resueltos, expresando que "más tarde habremos de ver los temas pendientes a perfeccionar y mejorar la Ley", hay otros que exigen, de forma inmediata, la corrección de varios artículos.

Uno de los aspectos que más se ha discutido de la nueva legislación es el limitado porcentaje del espectro radioeléctrico entregado a la ciudadanía, el cual reúne a todas las señales comunitarias en los dos puntos finales 105.1 al 107.9 del dial de Frecuencia Modulada (FM). Aunque este margen puede ser menos dependiendo de la zona de servicio.

Los opositores a esta medida, como Paulina Acevedo, representante de la Red de Medios de los Pueblos, consideran que el espectro "no sólo debe ser considerado como un bien de uso público, sino que también, como un patrimonio de la humanidad". Debido a esto es que llaman al Estado a hacer una repartición equitativa del espectro entre los medios privados, públicos -que no existen en Chile- y medios sin fines de lucro, lo cual evitaría la "ilegalidad" de aquellas señales que no quepan en el 5% destinado a la transmisión comunitaria e incluiría a varias que actualmente operan fuera del espectro, sin antes haber conseguido una frecuencia.

Mientras algunos celebran las "mejoras" mencionadas, existen organizaciones de la sociedad civil como Radio Juan Gómez Millas, Eco Educación y Comunicaciones, Radio Tierra y Red de Medios para los Pueblos, que no se encuentran del todo contentos por la aprobación de la nueva Ley de Radios comunitarias, y resumen los problemas de ésta en lo siguientes puntos:

  • Mención comercial: única publicidad autorizada dentro de las radios comunitarias, que consta en nombrar dentro de un programa el producto, distribuidor y dirección de éste. De avisos publicitarios ni hablar, lo que excluye además otras estrategias de financiamiento.
  • Perpetuación de concesiones: continúa sistema de derecho preferente en la renovación de frecuencias, limitando la participación de futuros actores en la radiodifusión.
  • No a cadenas radiales: radios comunitarias no pueden asociarse a emisoras comerciales, excepto en emergencias, o cuando la autoridad lo determine competente, restringiendo el campo de acción de la sociedad organizada.
  • Técnico versus calidad: Subsecretaría de Telecomunicaciones continúa teniendo en sus manos el espectro radioeléctrico del país, privilegiando parámetros técnicos por sobre la calidad sociocultural de los proyectos.

Paulina Acevedo declara que "ni la ley aprobada, ni las leyes que tenemos, fomentan el surgimiento de nuevos medios que permitan poder tener una mayor visibilidad de las necesidades de la sociedad, y también, en caso de catástrofe, tener una información más oportuna del estado en situación".

Mirando al futuro

Aun cuando la nueva legislación expresa un reconocimiento a la radiodifusión comunitaria, los problemas y desafíos para el futuro no dejan de ser importantes para seguir mejorando el trabajo radial.

María Pía Matta, Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y Caribe, AMARC ALC, cree que "un desafío importante será tener grupos o asociaciones de radios capaces de mostrar caminos de sostenibilidad integral para sus emisoras, lo que permitiría buscar formas de financiamiento para las emisoras, discutir y crear proyectos de ley de participación asociativa, etcétera". De esta forma, presionaría para que "los Estados deban legislar en derecho, y no arbitrariamente".

Pero no sólo el gobierno y los comunicadores poseen responsabilidades en la discusión sobre radios comunitarias, es por esto que la presidenta de AMARC ALC realiza un llamado especial a la sociedad civil. Considerándola como un importante actor social en la creación de una cultura de derechos, María Pía Matta cree que los ciudadanos son fundamentales para las discusiones legislativas ya que "tienen mucho que aportar en administración no lucrativa, en la construcción de medios con propiedad social".

Otra tarea importante para el futuro es mejorar el conocimiento y valoración del trabajo realizado por las radios ciudadanas. De esta manera, Matta destaca la necesidad de "avanzar en la comprensión de lo comunitario, entender que cuando hablamos de radios comunitarias hablamos de un ejercicio de libertad de expresión".

El derecho a comunicar

Digan lo que digan, existe un hecho claro sobre la nueva ley de Radios Comunitarias y es el escaso avance que ésta posee en cuanto a materia de libertad de expresión.

Es necesario e importante reconocer que a través de cada una de las ondas sonoras se ejerce el derecho a la comunicación, y, la existencia de vicios legales, como el limitado espectro radiofónico o la perpetuación de las concesiones radiales, no contribuye al libre ejercicio de informar. Esta situación sólo continuará cerrando puertas a posibles nuevos actores que se quieran sumar a la tarea de la radiodifusión comunitaria.

En este contexto, los comunicadores ya mencionados exigen de forma urgente la eliminación del artículo 36 b, letra A, consagrado en la Ley General de Telecomunicaciones en Chile. Catalogado como un acto de criminalización a la libertad de expresión, debido a los castigos de incautación de equipos y penas de cárcel para los radiodifusores que no posean una concesión del espectro, este apartado es sólo un reflejo del poco compromiso por parte del Estado de proteger y hacer valer el derecho a la libertad de expresión que posee todo ciudadano.

Las ondas sonoras son patrimonio de la humanidad, y como tal, pueden ser utilizadas por cualquier ciudadano que desee ejercer su libertad de expresión. Las deudas pendientes que presenta la Ley de Radios Comunitarias, y el artículo 36b de la LGT, son claros obstáculos que no permiten el buen cumplimiento de underecho humano como es comunicarse.

La responsabilidad de que esta barrera deje de existir no sólo recae en manos del Estado o de sus legisladores, sino que también, en las de una sociedad civil conciente de la importancia de medios de comunicación libres de informar.

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